Nuevo viceministro de Gobernanza Territorial fue socio de Mirtha Vásquez en la ONG Grufides, la misma que boicoteó el proyecto Conga. También ingresó al Minem el exvicepresidente del MAS del condenado Gregorio Santos, otro aliado de dicha organización.

Pablo Sánchez de Francesch es el nuevo viceministro de Gobernanza Territorial y sería la prueba de que la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, no solo no puede dejar atrás su pasado contrario a la minería formal, sino que, además, está dispuesta a llevarlo hasta su gabinete y a los ministerios directamente involucrados en el sector.

Sánchez, que llega a la PCM en reemplazo del dirigente de Perú Libre, Braulio Grajeda Bellido, tiene una trayectoria profesional que se remonta a Cajamarca, al igual que la de Mirtha Vásquez. Y es que él y la actual premier tienen historia, pues fueron dirigentes en la ONG (organización sin fines de lucro) antiminera Grufides o Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible.

Esta ONG se presenta como una organización que se dedica al “fortalecimiento de capacidades frente a la problemática ambiental, enfatizando en el derecho al agua; especialmente frente a las actividades extractivas”, pero toda esta actividad se resume en esto: enemigos de la inversión privada.

Grufides fue una de las involucradas en la obstrucción del proyecto minero Conga (de US$5,500 millones) entre 2011 y 2012, y la agitación social generada por la gestión del entonces gobernador regional de Cajamarca, y hoy sentenciado por corrupción, Gregorio Santos.

El mismo Santos, el 16 de agosto de 2012, llegó a rechazar una reunión con el Ejecutivo y la minera Yanacocha en Lima en la que se iba a buscar una solución al conflicto, asegurando que, a pesar de que el proyecto contaba con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, el mismo había sido “destruido con cinco peritajes que hizo el Gobierno Regional de Cajamarca y Grufides”. Una sociedad que a la larga fue catastrófica para esa región.

Fue en dicha ONG donde Vásquez fue designada directora ejecutiva para el periodo 2015-2017, mientras que a Sánchez le fue asignada la coordinación del área Articulación Universidad-Sociedad para esos años.

Ambos incluso elaboraron un informe sobre el caso de Máxima Acuña y colaboraron en el litigio que sostuvo la mujer cajamarquina contra la minera Yanacocha. El referido documento fue desarrollado para la ONG Franciscans International.

De aquellos años quedaron registradas en una entrevista en video algunas palabras de la hoy premier, que afirmaba que “hay que reflexionar sobre estos modelos económicos que son depredadores, extractivistas, porque todo tiene un límite”.

Posteriormente, en 2017, Sánchez seguiría los pasos de Vásquez, asumiendo el cargo de director de Grufides.